El Gobierno español ha implementado dos reales decretos publicados en el Boletín Oficial del Estado como respuesta a las repercusiones de la guerra en Oriente Próximo, ambos en vigor a partir del domingo. El primero aborda medidas fiscales en el sector energético valoradas en 5.000 millones de euros, y el segundo centra sus esfuerzos en el mercado de alquiler de viviendas para proteger a los inquilinos ante la crisis de acceso exacerbada por la inflación. Esta última normativa incluye un congelamiento de contratos y un límite del 2% en las actualizaciones anuales de renta hasta finales de 2027. Aunque estas iniciativas fueron impulsadas por Sumar y sus aliados de izquierda, podrían enfrentar obstáculos en el trámite parlamentario debido a la oposición de algunos partidos. El objetivo es impedir que el costo de alquiler y suministros exceda el 30% del ingreso familiar medio, en respuesta a la crisis inmobiliaria y energética actual.
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