El Gobierno y el Partido Popular (PP) se enfrentan en un nuevo conflicto institucional por la tramitación de la ley de desperdicio alimentario, que podría resolverse en el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo acusa al Senado, dominado por el PP, de ignorar el veto presupuestario del Gobierno, mientras los populares denuncian que el Gobierno ha «mutilado» la norma al eliminar enmiendas del Senado. La disputa se agudizó cuando el Congreso, con mayoría gubernamental, ratificó el veto y avanzó con un texto sin las enmiendas controversiales. En respuesta, tanto el Gobierno como el Senado han formalizado conflictos de atribuciones en un clima tenso, con acusaciones mutuas de violar la legalidad y desoír mandatos constitucionales. La última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional, que deberá determinar si alguna de las instituciones ha sobrepasado sus competencias.
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