El intento de negociación entre el Gobierno de España y el Partido Popular (PP) para reformar la ley de extranjería y redistribuir a los menores migrantes en Canarias y Ceuta en todo el territorio nacional concluyó sin éxito, reflejando una vez más la brecha entre ambas entidades. La reunión, que también implicó a los gobiernos canario y ceutí, mostró la intransigencia del PP, que insiste en un cambio en la política migratoria estatal y en un acuerdo previamente firmado por los líderes del PP con el presidente canario. El Gobierno central rechaza suscribir propuestas en cuyo desarrollo no participó y defiende que ya proporciona apoyo financiero a las comunidades autónomas. Además, el PP exige un mayor control fronterizo con implicación de Frontex, demandando acciones que, según el Ejecutivo, ya están en marcha. A pesar de las críticas mutuas, el ministro Torres y otros funcionarios esperan que las posturas cambien. Sin embargo, las tensiones internas del PP con Vox complican aún más llegar a un consenso, considerando sus repercusiones en los presupuestos autonómicos.
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