Un trabajador con incapacidad permanente ha conseguido que se declare nulo su despido y se le otorgue una indemnización adicional de 10.000 euros, tras un fallo judicial que cuestiona la decisión de la empresa de rescindir su contrato sin considerar su reubicación en otro puesto compatible. La sentencia destaca la obligación de las empresas, bajo la Ley 2/2025, de buscar alternativas laborales antes de proceder a la extinción contractual. Esta normativa obliga a realizar ajustes razonables o ofrecer vacantes dentro de un plazo de tres meses si el trabajador manifiesta su interés en conservar su empleo. Además, se resalta el papel del Equipo de Valoración de Incapacidades en el proceso de evaluación para el reconocimiento de la incapacidad y las recomendaciones sobre cómo afrontar las evaluaciones médicas para evitar interpretaciones desfavorables de parte del tribunal.
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