A partir de 2030, el mercado inmobiliario europeo enfrentará un cambio significativo impulsado por nuevas regulaciones de eficiencia energética. Según estas normas, solo podrán venderse o alquilarse propiedades con un Certificado de Eficiencia Energética (CEE) de al menos la letra E, elevándose este requerimiento a la letra D en 2033. Este ajuste afectará a numerosas propiedades en el continente, especialmente en España, donde muchas viviendas no cumplen con estos estándares.
Con el verano provocando una ralentización habitual en las actividades inmobiliarias, la urgencia por mejorar la eficiencia energética de los inmuebles aumenta. Un informe del Ministerio para la Transición Ecológica indica que la mayoría del parque residencial en España se encuentra en las categorías más bajas del CEE, como E, F y G.
Esta situación plantea un desafío no solo ecológico, sino también económico. Las propiedades con bajo CEE están viendo sus oportunidades de venta y alquiler reducidas, lo que conlleva una depreciación significativa en su valor. Muchos propietarios se ven ahora obligados a evaluar el estado energético de sus inmuebles, especialmente ante la llegada del último trimestre del año, un periodo crucial para la compraventa de viviendas.
Los expertos de Sto Ibérica señalan que los inmuebles construidos antes de 1980 son los más vulnerables debido a su baja eficiencia energética, reflejada en gastos elevados de calefacción y refrigeración. Además, las viviendas que presentan problemas de humedad, moho, falta de aislamiento o climatización ineficaz también enfrentan retos importantes para cumplir con las normativas futuras.
La ausencia de sistemas modernos y eficientes, como los de generación de energías renovables, ha dejado a muchos inmuebles en desventaja competitiva. La normativa europea exige mejoras que los propietarios e inversores deben considerar para asegurar la viabilidad de sus activos en el mercado venidero.
Ante este contexto, la modernización de las propiedades se ha convertido en una prioridad, no solo para cumplir con las regulaciones, sino para mantener el valor de los inmuebles en un entorno cada vez más exigente en términos de sostenibilidad y eficiencia energética.
