La tripulación del Aita Mari, barco de rescate de migrantes en el Mediterráneo, enfrenta incertidumbre sobre su operación en la Comunidad Valenciana debido a que la consejería de Medio Ambiente les exige el pago retroactivo de tasas por valor de 63,300 euros desde 2021. Salvamento Marítimo Humanitario, la organización vasca detrás del barco, ha apelado la decisión y ha protestado frente al Palau de la Generalitat, calificando las tasas de "ilegales". Otros barcos humanitarios como Open Arms, Louise Michel, Sea Watch y Sea Punk están en situaciones similares. El portavoz Íñigo Mijangos advirtió del impacto financiero y mencionó que la inseguridad jurídica pone en peligro la continuidad de sus operaciones en la región. La consejería de Medio Ambiente, a cargo de Vicente Martínez Mus, defiende la legalidad de las tasas y niega exenciones generalizadas, informando que sólo actualizaron las tasas de luz y agua sin modificar la normativa. La Generalitat atribuye al anterior gobierno de izquierdas la práctica de no cobrar estas tasas, la cual aseguran no tenía "amparo legal".
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