Los créditos al consumo son una herramienta financiera ampliamente utilizada por los ciudadanos para adquirir bienes o servicios. Este tipo de préstamos personales son proporcionados por entidades financieras con un objetivo específico, como la compra de un vehículo, tratamientos médicos o incluso viajes.
La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, parte de la Consejería de Salud y Consumo, enfatiza la necesidad de reflexionar antes de adquirir un crédito al consumo. Evaluar la situación económica personal y asegurarse de poder cumplir con el compromiso de devolución son pasos cruciales antes de firmar cualquier contrato.
Estos contratos de crédito están regulados por una normativa que protege a los consumidores, requiriendo que las entidades financieras proporcionen información precontractual clara, gratuita y a tiempo. Esto permite comparar diferentes ofertas y tomar decisiones informadas.
Es fundamental saber que los consumidores tienen el derecho de desistir del contrato dentro de los 14 días naturales posteriores a la firma, sin necesidad de justificar la decisión ni enfrentar penalizaciones, siempre que se respete este plazo.
Consumo aconseja comparar diferentes entidades, analizar condiciones como el tipo de interés, la Tasa Anual Equivalente (TAE) y otros recargos antes de tomar una decisión. Es esencial entender completamente la documentación y pedir aclaraciones cuando sea necesario.
Las entidades crediticias deben proporcionar la Información Normalizada Europea sobre el crédito al consumo, que incluye detalles sobre el tipo y modalidad del crédito, el TAE, duración del contrato y servicios adicionales, entre otros elementos.
Especialmente preocupante es el caso de los créditos rápidos, frecuentemente publicitados en internet y medios de comunicación. Estos préstamos, aunque atractivos por su facilidad y rapidez, presentan riesgos significativos debido a los elevados intereses y comisiones, junto con la rápida devolución requerida. Además, muchos de estos servicios no están supervisados por el Banco de España, lo que aumenta el riesgo para los consumidores.
Fuente: Junta de Andalucía.
