El reciente decreto del presidente colombiano, Gustavo Petro, convocando a una consulta popular sobre temas laborales y sanitarios, ha generado intenso rechazo político, excepto por la izquierda que lo apoya. El Senado había negado su aval, lo que algunos consideran un desafío a la Constitución. Entre los opositores destacan expresidentes, congresistas y empresarios, que anuncian demandas legales contra Petro. Destaca la reacción del senador Miguel Uribe Turbay, quien, tras un atentado en su contra, calificó el decreto como “autogolpe de Estado”. Diversas figuras políticas y empresariales coinciden en que la medida amenaza la democracia y el orden constitucional.
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