El Consejo de Gobierno de Andalucía ha dado un paso crucial para optimizar la gestión de los recursos humanos a raíz de las devastadoras consecuencias del tren de borrascas que afectó a la región entre el 23 de enero y el 16 de febrero de 2026. Con la aprobación de un nuevo decreto ley, se busca agilizar los mecanismos previstos en la Ley de Función Pública, con el fin de asegurar una respuesta rápida y eficaz a las medidas de recuperación implementadas por la Junta de Andalucía.
Este nuevo marco legislativo cobra especial importancia dado el impacto significativo de las inclemencias meteorológicas, que han generado daños de gran magnitud requiriendo una inmediata reacción por parte de la administración pública. Por ello, se ha determinado reforzar la atención en los centros directivos de la Junta, atendiendo así a sus necesidades de personal para poder gestionar la situación con la urgencia requerida.
Una de las principales medidas adoptadas es la creación de unidades administrativas temporales de apoyo. Estas unidades tienen el propósito de fortalecer los servicios en momentos críticos de alto volumen de trabajo. En este contexto, el Plan Andalucía Actúa ha sido dotado con una inversión inicial de 1.780 millones de euros para reparar infraestructuras y asistir a los damnificados, lo que implica la tramitación de numerosos contratos de urgencia y la gestión precisa de subvenciones destinadas a agricultores, ganaderos, pymes y ciudadanos con viviendas afectadas.
El decreto ley introduce importantes simplificaciones en el procedimiento administrativo, permitiendo establecer estas unidades de apoyo sin la necesidad de un plan de ordenación de recursos humanos. La documentación y los informes requeridos para presentar una propuesta a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública se reducen, facilitando así su rápida aprobación por el Consejo de Gobierno. Adicionalmente, la Relación de Puestos de Trabajo podrá ser modificada temporalmente de manera automática.
Estas unidades de apoyo contarán con un periodo de duración de hasta tres años, con posibilidad de prórroga si se justifica debidamente. La dotación de personal se realizará mediante los mecanismos habituales de reasignación, provisión, nombramiento, contratación y movilidad, garantizando que el tiempo de permanencia en estas unidades no afectará la progresión ni la evaluación del desempeño de los funcionarios.
El decreto también persigue asegurar la estabilidad laborar de los empleados en puestos estratégicos durante el proceso de recuperación, evitando cambios prematuros que podrían afectar la continuidad del servicio. Los funcionarios seleccionados en procesos selectivos recientes deberán completar un periodo mínimo de dos años en su puesto antes de poder participar en concursos de traslado o promoción interna, asegurando así la estabilidad y eficacia en la gestión durante la fase crítica de reestablecimiento de los servicios esenciales dañados.
Fuente: Junta de Andalucía.
