(Madrid, 7 de octubre de 2024). Representantes de 20 organizaciones especializadas en migración, refugio y derechos humanos se reunieron hoy con el presidente Pedro Sánchez y Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para instarles a implementar el Pacto Europeo de Migración y Asilo de manera que garantice plenamente los derechos humanos tanto en las fronteras como en territorio español. Las entidades han exigido que la voluntad expresada por Pedro Sánchez de asegurar los derechos humanos en la política migratoria se materialice en acciones concretas.
En la reunión, las organizaciones sociales destacaron la importancia de no introducir controles «previos» a la entrada que pudieran impedir el acceso a los derechos humanos, ni utilizar procedimientos de asilo y retornos acelerados en frontera, tal como se contempla en algunas propuestas del Pacto. Las entidades valoraron positivamente el compromiso del presidente de promover en la UE un enfoque que garantice los derechos de las personas migrantes y refugiadas, así como su disposición para mantener un diálogo continuo con la sociedad civil durante el proceso de implementación en España.
Sin embargo, expresaron su preocupación por los importantes retos que plantea el Pacto en materia de derechos humanos, destacando problemas como los nuevos controles fronterizos, la reducción de garantías procedimentales y el riesgo de un uso excesivo de la detención. Estas medidas podrían representar obstáculos para el derecho de asilo y conllevar riesgos para los derechos humanos y el principio de no devolución, agudizando la vulnerabilidad de muchas personas migrantes y refugiadas.
Las organizaciones firmantes consideran que España tiene la oportunidad de servir como ejemplo para otros países de la UE, promoviendo una política migratoria centrada en las personas y sus derechos. Han instado al gobierno a comprometerse a no extender el plazo constitucional de detención preventiva, asegurar la asistencia jurídica gratuita y garantizar un análisis individualizado de las solicitudes, entre otras medidas.
Para asegurar el cumplimiento de estas propuestas, las entidades han solicitado la elaboración de un Plan Nacional de Implementación con un enfoque garantista de los derechos humanos y la participación activa de la sociedad civil en cada etapa del proceso. Además, recalcaron la necesidad urgente de mejorar la situación de la infancia migrante no acompañada y resolver la precariedad de miles de personas migradas en situación administrativa irregular en el país.
Entre las organizaciones firmantes destacan la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Amnistía Internacional, Cruz Roja Española, Oxfam Intermón, entre otras.
Fuente: Federación Andalucía Acogel.
