El régimen de Daniel Ortega ha finalizado el proceso de eliminación de la doble nacionalidad en Nicaragua mediante la aprobación en segunda legislatura de una reforma constitucional, un paso que refuerza su control autoritario y anula la tradicional independencia de poderes. La medida, parte de un paquete de reformas orientadas a consolidar el poder de Ortega y su esposa Rosario Murillo, ha generado preocupación y rechazo en sectores de la población, suscitado por el temor de que la revocación afecte retroactivamente a quienes ya poseen otra ciudadanía. Pese a las promesas oficiales de no aplicar la norma de manera retroactiva, la falta de confianza es alimentada por antecedentes de desnacionalización sin respaldo legal. Críticos aseguran que la reforma se dirige especialmente contra la diáspora que huyó de la represión estatal desde 2018, y busca inhibir políticamente a opositores que adquirieron nacionalidades extranjeras. La reforma, aprobada bajo el argumento de proteger la soberanía nacional, permite al régimen confiscar bienes y despojar de la ciudadanía a quienes considere «traidores a la patria», dándoles poder discrecional para aplicar la normativa sin pruebas ni procesos legales transparentes.
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