El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha socavado la independencia judicial al subordinar a los jueces a la Policía Nacional, encabezada por el comisionado Francisco Díaz. Una circular reciente obliga a que las órdenes judiciales relacionadas con embargos y desalojos deben ser aprobadas por la policía, consolidando el control sobre el sistema judicial. Esta disposición viola la Constitución, ya que establece que los fallos judiciales son vinculantes para las autoridades del Estado. Los juristas critican que la policía se convierta en un filtro político-administrativo, permitiendo una justicia selectiva que responde a intereses políticos. Además, una nueva Ley de carrera judicial elimina concursos de méritos, consolidando la subordinación del poder judicial al Ejecutivo.
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Ortega y Murillo Relegan a Jueces y Reforzan Control Policial en Nicaragua
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