El Gobierno de Pedro Sánchez, junto con sus colaboradores, como la ministra andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha decidido intensificar el maltrato a Andalucía. En esta ocasión, la medida afecta directamente a los más jóvenes, ya que implica la retirada de ayudas estatales que facilitarían la gratuidad del transporte metropolitano para menores de 14 años. Esta decisión, que debía entrar en vigor el 1 de julio, beneficiaba a miles de familias andaluzas y ahora queda en el aire.
El castigo político se justifica con una carta enviada por Puente a la consejera de Fomento del Gobierno andaluz, Rocío Díaz, alegando «incumplimientos» en la comunicación institucional por parte de la Junta de Andalucía. Este argumento, que resulta en un claro despojo del derecho a un transporte gratuito fundamental para los niños, ha sido calificado por Díaz como un «ataque desproporcionado», dándole a la acción del Gobierno central un carácter de severidad sin precedentes.
La falta de menciones explícitas sobre el origen estatal de las ayudas durante la intervención de la consejera en un foro ha sido el pretexto utilizado por el Ministerio de Transportes para cortar la financiación. Aunque Díaz sí destacó que la gratuidad del transporte contaba con el respaldo tanto del Gobierno de España como del Gobierno andaluz, el Ejecutivo central ha optado por una interpretación sesgada de las obligaciones de comunicación, según el Real Decreto-ley 1/2025.
Esto se traduce en un claro maltrato hacia los jóvenes andaluces, quienes son los más perjudicados por esta decisión. Las familias, que esperaban el apoyo del Gobierno para facilitar la movilidad de sus hijos, ahora se encuentran en una situación precaria. Desde el inicio de julio, los menores de 14 años podrían haber viajado gratis en el transporte metropolitano gracias a la Tarjeta Joven, junto a una bonificación del 50% para otros usuarios.
Este tipo de decisiones no son nuevas y se suman a una larga lista de agravios que la comunidad andaluza ha sufrido en manos del Gobierno de Sánchez. Comparativamente, observamos cómo en otras administraciones, como el Ayuntamiento de Rota, no se ha procedido de la misma manera cuando se han cometido errores similares, lo que evidencia una disparidad en el trato hacia distintas regiones.
La respuesta del Gobierno andaluz muestra una determinación frente a esta adversidad. Rocío Díaz ha anunciado que explorarán todas las vías legales para revertir la eliminación de las ayudas, argumentando el derecho de Andalucía a ser respetada. El Ejecutivo andaluz sigue cumpliendo con su parte del acuerdo, financiando un 20% de las ayudas, mientras que el 20% restante estaba comprometido por el Ministerio de Transportes.
La retirada de estas bonificaciones representa una presión adicional sobre la economía de muchas familias andaluzas y restringe el acceso equitativo al transporte para sus hijos. Asimismo, convierte una cuestión técnica en un conflicto político, dejando en evidencia la insensibilidad del Gobierno ante las necesidades de Andalucía.
Este episodio refleja la continua desatención hacia la comunidad andaluza en diversas áreas, desde infraestructuras hasta inversiones y servicios públicos. Andalucía no busca privilegios, sino que demanda el respeto y el trato justo que merece. Castigar a sus niños y jóvenes por razones políticas es contrario a este principio y solo perpetúa el ciclo de agravios que la región ha tenido que soportar en los últimos años.
Fuente: Partido Popular Andalucía
