El reciente retraso en la transferencia de fondos por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente, ha generado una gran preocupación en Andalucía. A día de hoy, el ministerio no ha desembolsado ni un euro de los 20 millones comprometidos para financiar descuentos en el transporte público durante el primer semestre de 2025. Esta falta de acción ha obligado al Gobierno de Juanma Moreno a asumir el costo de las bonificaciones, salvaguardando así el derecho al transporte asequible para más de 1,2 millones de menores en la región.
Mientras otras comunidades autónomas continúan recibiendo ayudas en este ámbito, la administración central ha mantenido un silencio preocupante, sin emitir una resolución que active el procedimiento de pago en Andalucía, a pesar de que la solicitud correspondiente se presentó al inicio del año. A pesar de esta desatención, el Gobierno andaluz ha actuado con responsabilidad y compromiso, llevando a cabo medidas que garantizan el acceso al transporte público.
Desde el 1 de enero de 2025, el Gobierno de Juanma Moreno ha implementado descuentos del 50% en el transporte para jóvenes de hasta 30 años y ha mantenido otras bonificaciones en trenes, autobuses y metros urbanos. Estas acciones forman parte de un programa estatal que preveía una cofinanciación del 30% por parte del Estado, siempre y cuando las comunidades autónomas cubrieran al menos el 20%.
Ante la falta de respuesta del ministerio, el Gobierno andaluz decidió continuar con estas políticas públicas, reconociendo su valor social y su impacto positivo en la vida de miles de familias. Además, se ha anunciado la reactivación de la gratuidad del transporte público para menores de 14 años a partir del 1 de julio, implementando esta medida bajo la Tarjeta Joven de Transporte, financiada completamente con recursos de la comunidad.
La incertidumbre acerca de los fondos es palpable, ya que el Ministerio de Transportes no ha emitido ninguna resolución, provisional o definitiva, que permita avanzar en el pago de las ayudas prometidas. A diferencia del año anterior, donde se tramitaron las resoluciones con antelación, el actual proceso se ha segmentado en dos convocatorias semestrales, complicando la previsión financiera para las comunidades.
Esta situación es particularmente frustrante ver cómo, a 6 de junio de 2025, todavía no hay un calendario de resolución fijado. A pesar de esta situación incierta, el Gobierno andaluz ha decidido mantener todas las bonificaciones activas, asegurando que ningún usuario frecuente o menor pierda sus derechos por cuestiones ajenas a la comunidad.
El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha denunciado la inacción del ministro Óscar Puente, afirmando que su falta de respuesta ha dejado a 1,2 millones de niños andaluces en una situación de desamparo. En contraste, el Gobierno andaluz ha mantenido una política de estabilidad y compromiso social, ofreciendo bonificaciones del 50% para jóvenes menores de 30 años y del 30% para viajeros frecuentes en el transporte público interurbano.
Sin embargo, el problema no se limita a Andalucía; esta situación también revela desigualdades en el reparto de fondos estatales. Mientras algunos territorios, como el País Vasco, no han presentado la misma obligación sobre la procedencia de las ayudas, Andalucía ha exigido aclaraciones formales al ministro Puente, junto con la solicitud de que cualquier retirada de fondos sea comunicada por escrito.
Sin documentos oficiales sobre la retirada de estos fondos, la situación se mantiene en un limbo administrativo perjudicial para los ciudadanos andaluces. En respuesta, el Gobierno de Juanma Moreno ha manifestado su posición al Ministerio de Política Territorial, advirtiendo que la situación actual afecta no solo a la calidad del servicio sino también a la estabilidad financiera de la comunidad.
La desigualdad en el acceso a la financiación es especialmente preocupante, dados los 13.400 millones de euros de infrafinanciación acumulada que sufre Andalucía, según diversos estudios económicos. Ante este panorama, cualquier retraso o retirada de fondos representa una carga adicional e injustificada para las cuentas públicas de la comunidad autónoma.
Fuente: Partido Popular Andalucía
