El Ayuntamiento de Palma se ha personado como acusación particular en la causa judicial contra los propietarios del Medusa Club, tras el derrumbe de su terraza en Playa de Palma, que dejó cuatro muertos y 16 heridos. La decisión fue respaldada por la Junta de Gobierno después de que los informes técnicos confirmaran la ilegalidad de la estructura, que carecía de licencias esenciales. Según Mercedes Celeste, portavoz del gobierno municipal, el área de disciplina urbanística había abierto expedientes desde 2013 debido a la ausencia de licencias. El informe de los Bomberos indica que el colapso se debió a obras irregulares y al sobrepeso de 21 personas sobre la estructura. Aunque varias partes del inmueble contaban con licencias, la terraza no lo hacía. Las remodelaciones ilegales y la falta de inspecciones adecuadas exacerbaron la tragedia, que ha llevado a las autoridades a tomar acciones legales contundentes.
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