Unas 10.800 personas en Baleares podrían beneficiarse de un proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Consejo de Ministros, según Alfonso Rodríguez, delegado del Gobierno en las Islas. Este proceso, que exige dos años de residencia, busca integrar a quienes ya están en el país y reforzar la economía formal al beneficiar a trabajadores y empresas, según Rodríguez. Defiende la medida como positiva para sectores clave de la economía local, como la hostelería y cuidados, y rechaza las críticas de que causará un «efecto llamada». La iniciativa, fruto de una Iniciativa Legislativa Popular, enfrenta críticas políticas, con el PP acusado de adaptarse a la extrema derecha. Actualmente, hay más de 100,000 extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Baleares, de los cuales 60,000 no son comunitarios.
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