La última edición de la Vuelta Ciclista a España, respaldada con 3,2 millones de euros en patrocinios públicos, se vio empañada por la cancelación de su etapa final en Madrid debido a manifestaciones propalestinas. Estas protestas, que afectaron la credibilidad del evento y la imagen de la capital, fueron supuestamente alentadas por Pedro Sánchez. A pesar del apoyo financiero del Gobierno español y entidades como Correos, Loterías y Apuestas del Estado, y Paradores, la presencia del equipo Israel-Pro Tech generó controversia. Varios gobiernos locales socialistas también financiaron la ronda, destacando el Principado de Asturias con 181.500 euros y la Diputación de Lugo con 100.000 euros. No obstante, las etapas financiadas por estas diputaciones no sufrieron interrupciones, a diferencia de otras en las ciudades mencionadas.
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