La Generalitat ha defendido que el protocolo de actuación se activó correctamente al identificar los primeros síntomas en el caso que involucra a los padres de un menor, quienes actualmente se encuentran en prisión. A pesar de las medidas adoptadas, la investigación sigue abierta y no se descarta ninguna hipótesis, incluidas las preocupaciones sobre posible explotación sexual infantil. Las autoridades continúan examinando todas las circunstancias para esclarecer los hechos.
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