El acceso a Internet de alta velocidad en Estados Unidos podría sufrir transformaciones significativas a raíz de una potencial reconfiguración del programa Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD). Administrado por un fondo de 42.450 millones de dólares, el programa busca expandir la infraestructura de banda ancha y, bajo la reciente nominación de Arielle Roth como líder de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA), podría modificar su enfoque, disminuyendo la atención a las redes de fibra óptica en favor de tecnologías alternativas como cable, redes fijas inalámbricas y servicios satelitales.
Desde su creación en 2021 durante la administración de Joe Biden, BEAD ha priorizado el despliegue de fibra óptica, considerada la opción más sostenible a largo plazo debido a su escalabilidad, durabilidad y eficiencia. Sin embargo, el sector republicano ha expresado disconformidad con este criterio de asignación de fondos. El senador Ted Cruz, por ejemplo, ha cuestionado lo que considera un sesgo tecnológico en el programa, alegando que podría excluir otras opciones viables. Roth, por su parte, ha destacado que la administración actual ha introducido «requisitos extralegales» que complican la participación de ciertos proveedores y elevan los costos.
El posible cambio de dirección podría impactar tanto a municipios como a redes de banda ancha públicas que actualmente tienen prioridad en la asignación de fondos BEAD, favoreciendo potencialmente a grandes operadores privados. Empresas de redes satelitales e inalámbricas, como SpaceX —que buscó anteriormente 886 millones de dólares para expandir Starlink— podrían beneficiarse de esta nueva orientación.
Uno de los aspectos más controvertidos del programa BEAD ha sido la obligación de ofrecer servicios de banda ancha a bajo costo para familias de bajos ingresos, con una tarifa fija de 30 dólares mensuales sugerida por la NTIA. Esta norma ha sido criticada por proveedores de Internet y legisladores republicanos, quienes la ven como una regulación de precios no contemplada originalmente. Roth ha señalado que revisará estas exigencias, indicando la posible eliminación de esta obligatoriedad, lo cual afectaría a millones de hogares de bajos recursos.
Un artículo de Ars Technica advierte que este posible cambio en la política de subvenciones podría suponer un retroceso en los esfuerzos para garantizar un acceso equitativo a Internet. Dar prioridad a tecnologías menos robustas que la fibra óptica podría limitar la capacidad de expansión de la infraestructura digital a largo plazo. No obstante, los grupos de presión que representan a los proveedores de cable e Internet inalámbrico ven con buenos ojos la nominación de Roth, anticipando que la nueva estrategia del programa les brinde mayores oportunidades de acceder a los fondos federales.
La evolución de este debate será crucial para determinar cómo se distribuirán los 42.450 millones de dólares en inversiones en conectividad en los próximos años. Con un inminente cambio de liderazgo en la NTIA y una potencial revisión de las normas del programa, el porvenir de la infraestructura de banda ancha en EE.UU. podría estar en un punto de inflexión.
