El gobierno del presidente Gustavo Petro ha implementado un decreto que elimina la prima de servicio mensual para congresistas, reduciendo así sus elevados salarios, considerados desproporcionados en comparación con la media de ingresos de la población colombiana y superiores a los de legisladores de otros países de América Latina. La medida, respaldada por diversas opiniones públicas, entrará en vigor en julio de 2026, momento en el que asumirán los nuevos parlamentarios, y tiene como objetivo reorientar el gasto estatal y promover la justicia social. Este decreto surge pocos días después de que se anunció un aumento del 23% en el salario mínimo y después de reiterados fracasos legislativos para reducir estas remuneraciones, siendo calificada como un acto de equidad social por el ministro de Trabajo. La congresista Angélica Lozano, entre otros políticos, ha celebrado la decisión, destacando su importancia para cerrar la brecha salarial y alinear los ingresos legislativos con la realidad económica del país.
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