El presidente colombiano, Gustavo Petro, persiste en convocar una consulta popular por decreto, desafiando críticas legales y políticas. A pesar de que el Senado rechazó la propuesta, Petro alega fraude en la votación y exige a su gabinete firmar el decreto rápidamente, amenazando con destituir a quienes no lo hagan. La consulta, centrada en reformas laborales y sanitarias, es vista como una estrategia electoral antes de las elecciones de 2026. Apoyado por juristas como Eduardo Montealegre, el mandatario sostiene que el Senado incurrió en irregularidades y considera que la reciente tutela judicial favorece su posición para repetir la votación. La situación sigue siendo tensa, ya que la decisión del presidente podría enfrentar desafíos legales significativos.
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