La implementación de la Directiva de Eficiencia Energética de la Unión Europea supone un desafío crucial para el sector inmobiliario español, con la obligación de rehabilitar energéticamente más de ocho millones de viviendas antes de 2030. Desde 2026, España debe ajustarse a esta normativa, que exige un mínimo de calificación E para la venta o alquiler de inmuebles, buscando la descarbonización total y la reducción de emisiones de CO₂. Actualmente, el parque residencial representa el 30% del consumo energético final en el país, por lo que acelerar el ritmo de renovación, que hoy no supera el 0,08% anual, es vital. Además de cumplir con las normas, la renovación ofrece ventajas económicas para los propietarios, incrementando el valor de mercado de las propiedades eficientes en hasta un 12%. Este entorno regulatorio creará presión sobre los propietarios para invertir en renovaciones o poner sus propiedades a la venta, potencialmente dinamizando el mercado inmobiliario español en los próximos años.
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