La fiscalidad de los planes de pensiones individuales se ha convertido nuevamente en un tema candente en el debate económico actual, debido a la notable disparidad fiscal que enfrentan los contribuyentes dependiendo del lugar donde tributen. Un reciente ejemplo de este fenómeno es la reforma aprobada en Bizkaia, la cual entrará en vigor en 2026, y que ha resaltado aún más las diferencias con el régimen fiscal general en España. En un contexto donde la sostenibilidad del sistema público de pensiones y el ahorro privado son temas estructurales, la manera en que diferentes regiones abordan estas cuestiones fiscales cobra una gran relevancia.
España se encuentra bajo una creciente presión financiera debido al aumento del gasto en pensiones, impulsado por un creciente número de beneficiarios. Esta situación ha intensificado el debate sobre el papel de los incentivos al ahorro privado, dado que condicionan la capacidad de la clase media para construir un segundo pilar de jubilación eficiente.
El régimen general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ha reducido en los últimos años las deducciones por aportaciones a planes de pensiones individuales, una situación que contrasta con el esquema foral de Bizkaia. Esta normativa regional ofrece un enfoque más favorable, permitiendo un límite anual de aportaciones más alto con derecho a reducción y un tratamiento más eficiente del rescate en forma de renta. Mientras que en el régimen general el rescate suele tributar como rendimiento del trabajo, en Bizkaia se plantea un tratamiento más ventajoso para prestaciones en forma de renta vitalicia o temporal constante.
Esta disparidad fiscal ha encendido el debate no solo sobre la necesidad de premiar el ahorro, sino sobre las implicaciones de que dos contribuyentes con perfiles financieros idénticos reciban tratamientos tan distintos. Además, plantea interrogantes sobre el impacto en las decisiones de ahorro, la movilidad fiscal, y la percepción de equidad en el sistema tributario.
El ejemplo más recurrente en la discusión pública destaca una diferencia de hasta 33.000 euros en impuestos pagados a lo largo de los años por los contribuyentes. Este cálculo, bajo un supuesto salariales de 28.000 euros anuales y aportaciones de 5.000 euros durante 25 años, ilustra cómo el límite de deducción y el tratamiento del rescate pueden influir significativamente en el ahorro fiscal.
Desde el punto de vista financiero, estas diferencias tienen implicaciones directas sobre los incentivos reales al ahorro, al introducir una asimetría territorial difícil de justificar. Asimismo, esta regulación afecta no solo a los individuos, sino también al diseño y demanda de productos financieros, destacando la necesidad de una política económica integrada y equitativa.
Finalmente, en un contexto de envejecimiento de la población y presión sobre el gasto en pensiones, las reglas del ahorro a largo plazo cobran una importancia crucial, trascendiendo el ámbito técnico para convertirse en un tema central en la conversación económica y política del país.
