La administración Trump enfrenta desafíos legales al intentar implementar su agenda de deportaciones. Un juez intentó bloquear el traslado de deportados a terceros países, pero un avión con inmigrantes de Asia y América Latina ya había sido enviado a Sudán del Sur, país desaconsejado por el propio gobierno estadounidense debido a su peligro. Los abogados han denunciado que muchos deportados no hablan inglés y enfrentan riesgos en Sudán del Sur. La administración Trump justifica las deportaciones basándose en los delitos cometidos por estos inmigrantes, pero enfrenta críticas por violar órdenes judiciales al no devolver a los deportados. En paralelo, ha lanzado un programa de «autodeportación» ofreciendo incentivos económicos a inmigrantes indocumentados para que salgan voluntariamente del país, una medida que busca reducir costos de detención y deportación forzada. Sin embargo, esta estrategia despierta escepticismo y temor entre los migrantes, complicando aún más el panorama de deportaciones prometido por Trump.
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