En Texas, una investigación ha puesto de manifiesto el impacto de la tecnología de vigilancia en las libertades personales. Un agente del sheriff utilizó una red de más de 83,000 cámaras de lectores automáticos de matrículas (ALPR) para localizar a una mujer sospechosa de haberse practicado un aborto en casa. La búsqueda abarcó 6,809 redes de cámaras gestionadas por Flock Safety, incluyendo estados donde el aborto es legal, como Washington e Illinois.
La decisión de la Corte Suprema de EE. UU. en 2022, que revocó Roe v. Wade, otorgó a los estados amplio poder para restringir el aborto, lo que en Texas se traduce en una prohibición casi total. Por otro lado, el aborto se mantiene protegido en lugares como Washington e Illinois.
Este caso resalta cómo las fuerzas del orden usan herramientas como matrículas y datos de geolocalización para perseguir a individuos más allá de las fronteras estatales. Con más de 1,800 agencias utilizando ALPRs, el acceso casi ilimitado a estos datos ha generado preocupación por la falta de supervisión.
La auditoría de registros muestra que, aunque esta búsqueda mencionaba específicamente un aborto, muchas solo refieren una «investigación». Esto oculta potencialmente otras búsquedas relacionadas con abortos, perfilando a quienes buscan atención sanitaria reproductiva.
La tecnología de vigilancia fue creada inicialmente para seguridad pública, pero ahora se emplea para hacer cumplir leyes sobre el aborto, afectando gravemente la privacidad. Se ha descubierto que un cuarto de los casos de aborto autogestionado fueron denunciados por conocidos de las víctimas, escalando rápidamente a una búsqueda nacional.
Este cruce entre vigilancia y legislación sobre el aborto plantea serias cuestiones sobre derechos individuales. Es crucial que se establezcan medidas legales robustas para controlar el intercambio de datos y asegurar una adecuada supervisión de los sistemas de vigilancia. Es un desafío para los legisladores pro derechos reproductivos equilibrar el acceso al aborto con la privacidad de los individuos, en un contexto donde las herramientas de seguridad pública se desvirtúan para imponer leyes controvertidas.
