Esta semana, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha dado un paso significativo al avanzar con una propuesta en el proyecto de reconciliación presupuestaria que podría cambiar radicalmente el panorama de la regulación de la inteligencia artificial (IA) en el país. La propuesta establecería una preeminencia federal de diez años, lo que significaría que solo el Congreso tendría el poder de legislar sobre la IA, dejando fuera a las legislaturas estatales.
La reacción ante esta medida no se ha hecho esperar. El rechazo es contundente debido a que, históricamente, la preeminencia federal ha mostrado efectos adversos, especialmente en áreas de privacidad donde las leyes estatales más estrictas han sido cruciales. La exclusión de los estados de este proceso legislativo supondría un freno a sus capacidades para mitigar peligros asociados con la IA.
La preocupación no es menor. La posibilidad de congelar la regulación a nivel estatal durante una década es vista como un problema serio, considerando el rápido avance del sector tecnológico. Los estados han demostrado ser más ágiles que el gobierno federal en responder a los retos que plantean las tecnologías emergentes. De hecho, la lentitud del Congreso para abordar estas cuestiones genera pesimismo respecto a la aprobación de leyes comprensivas sobre privacidad e IA en los próximos años.
Incluso si el Congreso no actúa, la preeminencia impediría el avance estatal para abordar los desafíos nacientes de la IA. Con la industria en constante evolución, prever el desarrollo de la IA a una década es complejo, lo cual subraya la necesidad de que los estados mantengan su capacidad de respuesta.
Los proyectos de ley estatales sobre IA suelen buscar un equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección del consumidor. Aunque son diversos en enfoque, detener la capacidad de los estados para legislar en este sentido beneficia desproporcionadamente a las empresas. La intervención de estas últimas para diluir las leyes estatales ha sido notoria, como se observó con la legislación de IA en Colorado, donde las empresas presionaron para debilitar protecciones ya establecidas.
En este contexto, la oposición a la propuesta de preeminencia federal es clara y unísona, con llamados al Congreso para reconsiderar una medida que podría frenar el progreso y limitar las protecciones en un campo tan dinámico y crucial como la IA.
