En un giro inesperado dentro del ámbito legislativo, ha resurgido este año un intenso debate acerca de las leyes de bloqueo de sitios web. Esta discusión recuerda las polémicas desatadas hace más de una década con los proyectos de ley SOPA y PIPA, que buscaban cerrar sitios completos bajo acusaciones de piratería. Aquellas iniciativas provocaron una reacción masiva en 2012, culminando en un histórico apagón en línea que evidenció el rechazo del público estadounidense hacia las listas negras controladas por el gobierno.
En la actualidad, las grandes corporaciones de medios y entretenimiento, encabezadas por la Motion Picture Association (MPA), han redoblado sus esfuerzos para promover legislaciones similares, pero ahora fuera de las fronteras estadounidenses. Este 2025, se han registrado al menos tres intentos legislativos, entre ellos el Foreign Anti-Digital Piracy Act (FADPA), liderado por la representante Zoe Lofgren, junto con otras propuestas que facilitarían el bloqueo de sitios web.
No obstante, ninguno de estos intentos ha obtenido un avance significativo en el Congreso. A pesar de ello, reflejan un renovado interés por parte de conglomerados mediáticos y algunos políticos en revivir propuestas afines a SOPA y PIPA. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Los detractores de las leyes de bloqueo de sitios advierten que estas propuestas no corrigen las fallas fundamentales observadas en versiones anteriores. En lugar de ello, remarcan que podrían poner en peligro la libertad de expresión y resultar ineficaces sin causar un daño colateral significativo.
Se argumenta que las medidas técnicas, como el bloqueo de direcciones IP o nombres de dominio, son inherentemente defectuosas y podrían terminar censurando sitios no relacionados de manera indiscriminada. Antecedentes en otros países han evidenciado que este enfoque puede traer consecuencias no deseadas a gran escala.
A estos puntos se suma que la eficacia en la protección de derechos de autor es cuestionable, ya que los operadores de sitios pueden evadir fácilmente el bloqueo mediante la creación de nuevos dominios o el uso de redes privadas virtuales (VPN). Además, la legislación propuesta carece de garantías efectivas, exponiendo a sitios extranjeros y potencialmente a usuarios a una censura amplia e injustificada.
Frente a este contexto, los defensores de los derechos digitales insisten en que se abandone lo que califican como ideas obsoletas y peligrosas. A medida que avanza el debate sobre la regulación del contenido en línea, aumenta la movilización ciudadana para proteger la integridad y libertad del internet, apelando a que respuestas más modernas y efectivas sean consideradas para enfrentar los desafíos del entorno digital actual.
