La administración Trump ha dado un paso controvertido en su política de vigilancia sobre estudiantes extranjeros al requerir que los solicitantes de visas configuren sus cuentas de redes sociales como «públicas». Este requisito, impuesto por el Departamento de Estado, está generando un debate intenso sobre privacidad y derechos fundamentales.
Los críticos argumentan que obligar a hacer públicas las redes sociales infringe severamente la privacidad de los individuos y pasa por alto razones legítimas para mantener perfiles restringidos. Esto implica que, para acceder a universidades en EE.UU., los solicitantes deben revelar información personal a un nivel potencialmente perjudicial.
Esta estrategia amplía políticas previas, que solo requerían la divulgación de nombres de usuario, demandando ahora un acceso pleno a perfiles que con frecuencia contienen datos personales sensibles. La exposición de creencias, relaciones y opiniones podría tener consecuencias duraderas, dado que el gobierno podría seguir supervisando estas cuentas más allá del proceso de solicitud de visa.
Además de invadir la privacidad, esta medida aumenta la vulnerabilidad de los solicitantes, quienes podrían ver su información comprometida ante ciberdelincuentes y otros actores malintencionados. La comunidad de contactos del solicitante también podría encontrarse bajo el escrutinio gubernamental.
Los defensores de la privacidad argumentan que muchas personas tienen motivos válidos para mantener sus redes privadas, desde protegerse de acosadores hasta salvaguardar su seguridad ante gobiernos represivos. La medida, sostienen, no considera a aquellas comunidades, como sobrevivientes de violencia o personas LGBTQ+, que dependen de estas configuraciones para su seguridad.
El gobierno asegura que estas medidas incrementarán la seguridad nacional, aunque no ha presentado evidencia contundente que lo respalde. La vigilancia en redes sociales no solo afectaría la vida privada de los solicitantes, sino también su libertad de expresión, un derecho esencial que debería preservarse como inalienable.
