Un reciente análisis ha revelado que una gran cantidad de corredores de datos no ha cumplido con los requisitos de registro ante las agencias estatales de protección al consumidor, a pesar de las leyes establecidas para aumentar la transparencia en este sector. Estados como California, Texas, Oregón y Vermont han promulgado legislaciones que obligan a estos corredores a registrarse e informar a los consumidores sobre la posibilidad de no participar en sus servicios.
El estudio, llevado a cabo por Privacy Rights Clearinghouse y la Electronic Frontier Foundation, encontró que muchas empresas registradas en un estado no lo están en otros. Se identificaron, por ejemplo, 291 corredores no registrados en California, 524 en Texas, 475 en Oregón y 309 en Vermont, de acuerdo con datos de abril de 2025.
Ante estos resultados, las organizaciones han exhortado a las agencias estatales a investigar esta situación, que podría indicar un incumplimiento generalizado y diferencias en la aplicación de las leyes estatales.
Las leyes de transparencia son vistas como un paso vital para regular a los corredores de datos, que a menudo comercian con información personal sin el conocimiento de los individuos afectados. Esta información incluye datos sensibles que son utilizados, entre otros fines, para publicidad dirigida y vigilancia gubernamental, aumentando el riesgo de violaciones de seguridad y usos indebidos.
Asimismo, se destaca la necesidad de mecanismos eficaces para la eliminación de información personal almacenada por estas empresas. Las lagunas en el registro pueden comprometer la efectividad de dichas herramientas de eliminación. California, por ejemplo, ha tomado medidas contra corredores no registrados, subrayando la importancia de una supervisión más estricta.
El análisis focaliza en aquellos corredores registrados en al menos un estado, dejando fuera a los que evitan cualquier tipo de regulación. Se estima que 750 corredores cumplen con el registro en algún estado, pero quienes operan al margen deben ser un objetivo principal para las acciones reguladoras.
Finalmente, se hace un llamado a los estados para investigar y asegurar el cumplimiento de los requisitos de registro y se insta al Congreso a considerar una legislación federal que limite la recopilación de datos y establezca obligaciones de transparencia y derechos para los consumidores.
