El reciente comunicado de RED-US, la sección sindical que agrupa a profesorado de SAT, USTEA y CGT en la Universidad de Sevilla, ha levantado una ola de indignación en la comunidad universitaria. Este hecho se enmarca en un contexto delicado donde, por primera vez en la democracia española, un Rector ha solicitado la intervención de la policía para disolver una protesta política en el recinto universitario. La decisión de disolver una concentración de estudiantes que exigían justicia por los derechos humanos en Palestina ha suscitado críticas y dudas sobre la dirección que está tomando la institución.
La protesta en cuestión fue protagonizada por un grupo de estudiantes preocupados por el asesinato de alrededor de cuarenta mil personas en Palestina, quienes exigían al Rector que se sumara al movimiento que pide la suspensión de colaboraciones con universidades israelíes mientras continúe lo que califican de genocidio. La respuesta del Rector, lejos de abordar las preocupaciones planteadas, intentó desviar la atención hacia los manifestantes, sumiéndolos en la categoría de «no estudiantes», y sugiriendo que su acampada y ocupación de los espacios universitarios carecían de legitimidad.
En su intento de justificar la represión a la protesta, el Rector emitió un comunicado que no solo ignoró las demandas de los estudiantes, sino que también deslegitimó su causa al referirse despectivamente a la acampada como si no tuviera contexto ni significado. Esto resulta especialmente chocante, ya que, al definir los espacios de la universidad como «su» rectorado y «su» campus, invisibiliza a los estudiantes como parte fundamental de la comunidad universitaria.
El comunicado también cruzó líneas éticas y morales al priorizar el «derecho a no ser molestado» sobre el derecho a la protesta. Este acto de represión se sitúa en un contexto en el que el Rector parece estar alineándose con posturas de ultraderecha, promoviendo una Universidad donde el silencio y la obediencia son la norma, en contraposición a la participación activa y crítica de los estudiantes. Más preocupante aún es la posible complicidad de la Universidad en el genocidio de Gaza, un tema que ya está siendo investigado por la Corte Internacional de Justicia.
La acción del Rector de llamar a la policía para desalojar a estudiantes de «su» universidad transmite un mensaje claro: la administración prefiere silenciar las voces disidentes antes que abordar las injusticias que se están denunciando. Este enfoque no solo es contradictorio con los valores democráticos que debería representar una institución educativa, sino que también atenta contra la misión de la universidad que debe ser, ante todo, un espacio de libre pensamiento y debate.
Las decisiones tomadas en este contexto no solo impactan a la comunidad educativa actual, sino que también establecen precedentes peligrosos para las generaciones futuras. La insistencia del Rector en mantener un ambiente de conformidad y quietud puede resultar en un deterioro de la cultura participativa que históricamente ha caracterizado a las universidades como espacios de liberación y crítica social.
La comunidad universitaria debe mantenerse vigilante y actuar en consecuencia ante cualquier intento de reprimir la libertad de expresión y el derecho a la protesta, recordando que la educación y la justicia social deben ir de la mano.
Fuente: USTEA.
