El Gobierno de Portugal ha confirmado que cuenta con 44 proyectos de centros de datos en proceso de preparación, con una capacidad de procesamiento superior a 2,6 gigavatios (GW) y una inversión inicial estimada de aproximadamente 8.000 millones de euros. Esta información ha sido divulgada en un momento en que España está finalizando un nuevo Real Decreto sobre centros de datos, impulsando el debate sobre las posibles ventajas que Portugal podría ofrecer a las empresas del sector.
Portugal, con una visión clara hacia el futuro, ha aprobado su Plan Nacional de Centros de Datos en 2026, el cual incluye 15 medidas a desarrollarse hasta 2027, con un enfoque central en atraer inversiones y facilitar las operaciones en el territorio. En este plan, Lisboa destaca como el núcleo principal de la capacidad proyectada, aunque la ubicación exacta de muchas de estas iniciativas no ha sido detallada públicamente. Aún con ciertas incertidumbres sobre la capacidad eléctrica asegurada para estos proyectos, el Gobierno portugués apuesta por el fomento del entorno digital, enfatizando en el potencial de estos centros para generar aproximadamente 3.300 empleos directos por cada gigavatio instalado.
Uno de los proyectos más notables dentro de esta estrategia es el SINES DC, un campus de Start Campus en Sines, al sur de Lisboa, que ya ha comenzado operaciones en parte de sus instalaciones y cifra su inversión total en alrededor de 8.500 millones de euros. Asimismo, Portugal pretende albergar una de las AI Gigafactories de la Unión Europea, con un compromiso inicial de inversión pública que podría movilizar hasta 4.000 millones en capital privado.
En un contexto de competitividad regional, las diferencias regulatorias con España se tornan cada vez más evidentes. El proyecto de Real Decreto español establece estrictos requisitos energéticos, obligando a los centros de datos a cubrir el 80 % de su consumo con energía renovable nueva y a igual porcentaje con producción renovable por hora. Esta normativa ha suscitado críticas dentro del sector, ya que, según un análisis de la consultora EY, podría encarecer significativamente el costo del suministro eléctrico, haciendo que las empresas consideren a Portugal un destino más atractivo para sus operaciones.
Las cifras reveladas por la patronal SpainDC estiman que una parte significativa de la inversión potencialmente destinada a España está en riesgo, precisamente debido a estas exigencias. La compañía Merlin Properties, durante una feria en Madrid, mencionó que parte de su cartera ya está en Portugal, anticipando una posible migración de proyectos hacia tierras lusas. No obstante, aún no hay evidencia concreta de traslados de proyectos entre ambos países.
Mientras se espera la aprobación final del Real Decreto por parte del gobierno español, el debate sobre su impacto real en el mercado y la competitividad de España en el ámbito de centros de datos sigue latente. El desenlace de estas decisiones regulatorias y sus repercusiones en la atracción de inversiones extranjeras marcarán, sin duda, el futuro de esta industria en la península ibérica.
