Formar parte de una mesa electoral en España es una obligación legal ineludible para los ciudadanos seleccionados en sorteo público por los ayuntamientos. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que quienes son notificados deben cumplir con esta responsabilidad el día de las elecciones, salvo que presenten, dentro de un plazo de siete días, una justificación válida y documentada ante la Junta Electoral. Las excusas más aceptadas incluyen problemas de salud, embarazo, cuidado de familiares dependientes, o compromisos laborales o de viaje inaplazables. Aquellos que ignoran esta obligación y no se presentan sin haber sido eximidos previamente pueden enfrentarse a multas de entre 2.000 y 7.000 euros y, en casos extremos, penas de prisión de tres meses a un año, además de investigaciones judiciales. Incluso llegar tarde o abandonar la mesa sin permiso conlleva sanciones potenciales. Cumplir con este deber electoral es esencial para evitar contratiempos legales y financieros.
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