La nueva propuesta legislativa plantea sanciones económicas significativas, comenzando por multas de hasta 600 euros que pueden incrementarse hasta 30.000 euros en casos de repetidas infracciones. Esta medida busca disuadir comportamientos ilícitos o inapropiados al imponer un esquema escalonado de penalizaciones que tienen como objetivo no solo castigar, sino también prevenir la reiteración de dichas conductas. Las autoridades esperan que esta normativa contribuya a mejorar el cumplimiento de la ley y fomente una mayor responsabilidad entre los involucrados.
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