La exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, testificó ante la jueza que investiga la gestión de la DANA en Catarroja, Valencia. Durante su declaración, Pradas subrayó que su papel era institucional y que carecía de asesores en emergencias, insistiendo en que las decisiones fueron basadas en la orientación técnica del comité asesor del Cecopi. Negó haber esperado al presidente Carlos Mazón para enviar alertas, enfatizando que los protocolos de emergencia no dependían de una sola persona, sino de un sistema automatizado y colegiado. Pradas también mencionó la falta de información crucial de la Confederación Hidrográfica del Júcar y señaló que el retraso en activar a la Unidad Militar de Emergencias ocurrió pese a que se había solicitado tras el desbordamiento del río Magro. Además, comentó que el sistema de llamadas al 112 colapsó, impidiendo la comunicación eficaz durante la crisis.
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