El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), recientemente aprobado por el Congreso argentino, ha provocado una fuerte reacción de organizaciones ambientales. La medida, impulsada por el ultraderechista Javier Milei, ofrece beneficios fiscales y aduaneros sin precedentes para atraer inversiones multinacionales en sectores como minería, hidrocarburos y energías renovables. Sin embargo, especialistas advierten sobre los riesgos ambientales y el desplazamiento de comunidades, criticando la falta de estudios de impacto ambiental y sanciones. El gobierno, en contraste, sostiene que el RIGI revitalizará la diezmada economía argentina mediante un aumento significativo en las exportaciones y la creación de empleos.
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