Un inquietante estudio de Consumer Reports revela que una gran parte de la población estadounidense muestra reticencias al uso de inteligencia artificial (IA) y decisiones algorítmicas en diversos aspectos de la vida cotidiana. En una encuesta llevada a cabo por NORC en la Universidad de Chicago, se entrevistaron a 2,022 adultos, y los resultados indican que el 72% de los encuestados se sienten incómodos con la idea de que un programa de IA evalúe sus entrevistas laborales, con un 45% de ellos señalando que se sentirían «muy incómodos».
La desconfianza se extiende a otros ámbitos, como la gestión financiera y la vivienda. Aproximadamente dos tercios de los encuestados expresaron inquietud sobre el uso de IA en la aprobación de préstamos bancarios y en el proceso de selección de inquilinos por parte de los arrendadores. Además, más de la mitad de los participantes se manifestaron incómodos con sistemas de vigilancia por video que utilizan reconocimiento facial y con el uso de IA en el diagnóstico y planificación de tratamientos médicos.
Los hallazgos de la encuesta reflejan un creciente sentimiento de despojo del control sobre la información digital personal. A pesar de estas preocupaciones, muchos estados en EE.UU. están implementando rápidamente «soluciones» de IA sin establecer primero directrices adecuadas. En California, por ejemplo, el gobernador Gavin Newsom firmó una orden ejecutiva para regular el uso de IA en el gobierno y ha aprobado la prueba de tecnologías de IA en diversas agencias estatales.
La gran mayoría de los encuestados, un 83%, desea conocer qué información se utiliza para que un algoritmo tome decisiones sobre ellos, y un 91% quiere tener la oportunidad de corregir cualquier dato que pueda afectar esas decisiones. Ante esta situación, organizaciones como la EFF (Electronic Frontier Foundation) abogan por establecer estándares estrictos de transparencia y rendición de cuentas en el uso de IA y decisiones algorítmicas. Proponen un enfoque que priorice la privacidad, asegurando que los ciudadanos tengan voz en el uso de sus datos personales, y sugieren que tanto los gobiernos como las empresas ofrezcan procesos de apelación ante decisiones automatizadas.
Con la creciente automatización de decisiones que pueden influir en aspectos cruciales de la vida, como el acceso a la vivienda, empleos o incluso la vigilancia policial, es evidente que la población exige protección legal ante el uso de tecnologías que afectan su libertad y derechos. La implementación de fuertes medidas regulatorias es, por tanto, un asunto urgente.
