Los jueces de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer han expresado su preocupación por la nueva ley de eficiencia judicial que, a partir del 3 de octubre, les impondrá la responsabilidad de asumir todos los delitos sexuales contra mujeres, más allá de los cometidos por parejas o exparejas, lo que, según ellos, provocará un «colapso total». La norma, que también introduce reformas vinculadas a la «ley del sí es sí», incrementará su carga de trabajo en un 20%, agravando una situación que ya es crítica debido a la falta de recursos y al crecimiento continuo de denuncias. Aunque el Gobierno anunció medidas de refuerzo, estas no se implementarán hasta finales de año, lo que podría generar un significativo retroceso en la protección de las víctimas y sus familias. Los juzgados, que llevan dos décadas lidiando con un incremento exponencial de casos, advierten que su actual sobrecarga podría comprometer la atención adecuada a las víctimas, resaltando la necesidad urgente de ampliar los recursos y apoyos disponibles.
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