Una coalición de alcaldes, agricultores, pescadores y grupos de consumidores de Andalucía ha unido fuerzas con científicos para denunciar la presunta contaminación del río Guadalquivir por metales pesados debido a los vertidos mineros, en particular, de Cobre Las Cruces, propiedad de la canadiense First Quantum. La situación amenaza el empleo de 60,000 personas en sectores tradicionales como la pesca y la agricultura. El grupo exige al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que forme un comité de expertos para evaluar los riesgos y considere declarar una alerta sanitaria. Jesús Castillo, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, critica la respuesta «negacionista» de la Junta, subrayando que los sedimentos del río están significativamente contaminados, afectando la biodiversidad. Mientras tanto, la empresa minera defiende la calidad de sus controles, indicando que los niveles de metales están dentro de la normativa. Sin embargo, los alcaldes de 10 municipios ribereños exigen una moratoria en los vertidos futuros y un mayor escrutinio del impacto ambiental, destacando el potencial daño a sectores clave de la economía regional como el agrario y pesquero.
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