Recientes declaraciones de Flock Safety han generado un acalorado debate sobre privacidad y uso de datos. La compañía, conocida por sus lectores automatizados de matrículas, enfrenta críticas tras incidentes relacionados con violaciones de privacidad en Illinois y el uso controvertido de sus sistemas por parte de agencias de seguridad. Según informes, una oficina del sheriff en Texas utilizó datos de más de 83,000 cámaras para rastrear a una mujer por un aborto autónomo. Este caso ha sido minimizado por Flock, argumentando que se trataba de una búsqueda de persona desaparecida solicitada por la familia. Sin embargo, esta postura no aborda el problema subyacente del uso nacional de sus redes para vigilar a individuos basándose en decisiones personales de salud.
Flock también ha sido criticada por facilitar deportaciones masivas. Aunque la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) carece de un acuerdo formal con la empresa, policías locales han colaborado con agencias federales, revelando más de 4,000 investigaciones. La empresa sostiene que las agencias locales son responsables, pero respalda el intercambio de datos por motivos de investigación.
Desde su fundación en 2017, Flock ha crecido exponencialmente, promoviendo su Business Network para compartir datos sin regulación entre clientes del sector privado. Esto, junto con su enfoque permisivo hacia las políticas locales, plantea serios riesgos para la privacidad, ya que las prácticas de control varían entre jurisdicciones.
Los sistemas de vigilancia como los de Flock son vulnerables tanto a fallas técnicas como a manipulaciones, lo que pone en cuestión su seguridad. A pesar de las críticas, Flock ha lanzado actualizaciones insuficientes para calmar las preocupaciones sobre la privacidad.
Ciudades como Austin, Denver y San Diego han comenzado a resistir la adopción de estas tecnologías debido a su efectividad cuestionable y el potencial para el rastreo de ciudadanos vulnerables. La presión para desmantelar estas redes de vigilancia está en aumento, mientras las comunidades buscan proteger los derechos y la seguridad de sus ciudadanos.
