El Defensor del Profesor ha emitido un urgente alerta sobre el impacto que están teniendo los casos de conflictividad en los centros educativos de Andalucía sobre la salud mental del profesorado. Durante el curso 2023-2024, se ha registrado un significativo aumento en las intervenciones del servicio, destinado a apoyar a aquellos docentes que han sido víctimas de situaciones conflictivas en el aula.
Los datos son alarmantes: un 80% de los docentes atendidos muestra síntomas de ansiedad, y de este grupo, el 21% presenta signos de depresión. Esta situación ha llevado a que un tercio de ellos se vea obligado a pedir la baja en sus centros. La sobrecarga burocrática y la falta de recursos para enfrentar los retos educativos actuales son algunas de las principales causas identificadas que contribuyen a esta inestabilidad en la salud mental de los educadores.
El último informe del Defensor del Profesor revela que se realizaron un total de 138 actuaciones, en su mayoría en los niveles de secundaria (44,2%) y primaria (42,8%). María del Rosario Siguero Pérez, coordinadora autonómica del Defensor del Profesor en ANPE, destaca que este informe es un termómetro que mide el estado de salud del sistema educativo andaluz. El aumento de conflictos en las aulas tiene un efecto directo en la salud mental del profesorado: la ansiedad se ha incrementado en relación al curso anterior, lo que se traduce en un aumento en la solicitud de bajas médicas por parte de los docentes.
Según el informe, los tipos de incidentes que más preocupan incluyen problemas con los alumnos, que superan el 50% de los casos reportados. Las faltas de respeto, las falsas acusaciones y el acoso son las situaciones más comunes. Los problemas con las familias, que rondan el 40%, se concentran principalmente en la educación infantil y primaria, y aunque las agresiones físicas por parte de padres han disminuido, siguen siendo un tema preocupante.
Además de estos conflictos, los docentes también enfrentan crecientes problemas administrativos, reflejando un aumento del 18,1% en estas quejas. El servicio del Defensor del Profesor ha procedido a asesorar en el 84,8% de los casos, ofreciendo apoyo y asistencia legal cuando ha sido necesario.
ANPE-Andalucía realiza un llamado a la Administración para que asuma su responsabilidad en el soporte a estos profesionales. La figura del coordinador de bienestar, que es crucial para la convivencia y la salud emocional en los centros, aún carece de los recursos y el tiempo necesario para cumplir con sus funciones. Asimismo, es vital implementar de manera efectiva la Ley 3/2021 de Autoridad del profesorado, que busca mejorar la convivencia en las aulas.
El sindicato exige reformas profundas que no solo mejoren la percepción social del profesorado, sino que garanticen un marco legislativo que defina claramente los derechos y deberes de los docentes. Esto incluye la creación de un Estatuto Docente que contemple la dignificación y valoración del profesorado, así como una mayor inversión en educación, para abordar problemas fundamentales como la reducción de ratios en las aulas y el apoyo a la salud mental de los educadores.
El compromiso del servicio del Defensor del Profesor sigue siendo firme: están dedicados a ayudar a aquellos educadores que enfrentan situaciones de acoso e intimidación, y a trabajar en pro de la mejora de la consideración social del profesorado, priorizando la educación y a sus profesionales en el ámbito nacional.
Fuente: ANPE Andalucía.
