La realidad de la prevención de riesgos laborales en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (SAS) es un tema que ha despertado diversas inquietudes entre los trabajadores. Muchas veces, desde la administración se percibe la prevención no como un derecho esencial, sino como una meramente burocrática que los sindicatos, como el Sindicato Médico Andaluz (SMA), utilizan para exigir un trato favorable hacia los empleados. Esta percepción distorsiona la importancia crucial que tiene la protección de los derechos laborales en un sector tan vital como el sanitario.
Ante situaciones de agravio y discriminación, los trabajadores han preguntado frecuentemente sobre el papel que desempeñan los sindicatos en la defensa de sus derechos. Desde el SMA, queremos explicar que nuestra labor es representar a los facultativos que confían en nosotros en la defensa de sus derechos laborales frente a la administración sanitaria. Esto incluye una serie de actividades, como la protección contra irregularidades en aspectos como selección y bolsa de trabajo, nombramientos, retribuciones y, muy especialmente, la prevención de riesgos laborales.
Sin embargo, nos encontramos con numerosas dificultades para llevar a cabo esta labor. En primer lugar, la prevención de riesgos laborales requiere de un presupuesto adecuado y realista, algo que ha sido ignorado por la administración durante más de tres décadas. En lugar de asignar los recursos necesarios, se pretende lograr una cultura de prevención sin los medios necesarios, lo que resulta en una situación insostenible.
Por otro lado, aunque se proclama que «la cultura preventiva debe impregnar toda la organización», la realidad demuestra lo contrario. En muchos centros de atención, la prevención se ve como una molestia más que como una necesidad. Esta falta de sensibilidad hacia los riesgos laborales que enfrentan nuestros compañeros se manifiesta en situaciones concretas. Por ejemplo, las facultativas embarazadas o lactantes tienen que enfrentar un proceso engorroso para ser reconocidas como trabajadoras con necesidades específicas, lo que aumenta su vulnerabilidad ante riesgos de salud.
De igual manera, otros profesionales, como médicos de familia y pediatras, se ven sometidos a una carga asistencial que excede los límites razonables, comprometiendo la calidad de la atención a los pacientes. También los facultativos del hospital enfrentan situaciones en las que no se respeta su derecho a un descanso adecuado tras las guardias, y los residentes se ven amenazados en su formación cuando buscan adaptaciones en sus puestos de trabajo.
Ante esta falta de respeto a los derechos laborales, desde el SMA utilizamos todos los recursos disponibles, incluyendo denuncias en medios de comunicación y reclamaciones formales ante la administración. Sin embargo, nos encontramos con una situación alarmante: ni siquiera las sentencias judiciales son respetadas. Un claro ejemplo es la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que declaró nula una convocatoria relacionada con la prevención de riesgos laborales. A pesar de ello, la administración volvió a convocarla sin modificar los términos, lo que da pie a cuestionar la legalidad de estas acciones.
Frente a esta realidad, es vital no caer en el juego de la administración. La frase “Cumplo y Miento” podría resumir la situación actual, donde se publican más de 30 procedimientos relacionados con la prevención, pero su implementación se ve obstaculizada por múltiples trabas que desincentivan su cumplimiento efectivo.
No obstante, nuestro mensaje no es uno de desánimo, sino de resistencia y unidad. Desde el SMA llamamos a todos los profesionales a exigir sus derechos y a mantenerse informados. Ante cualquier duda, es fundamental consultar con el delegado de referencia. La unión hace la fuerza y juntos podremos conseguir que se respeten nuestros derechos laborales y profesionales.
Fuente: Sindicato Médico Andaluz.
