En un entorno empresarial que no deja de endurecerse en cuanto a regulaciones, la prevención jurídica se alza como una estrategia imprescindible para industrias críticas como la minería, el sector del agua, la energía y el medio ambiente. Estos campos, sujetos a un complejo entramado normativo que incluye regulaciones tanto nacionales como europeas, requieren de un enfoque preventivo y proactivo en gestión de riesgos legales para evitar sanciones que podrían resultar devastadoras.
A pesar de la claridad con que la necesidad de esta prevención se manifiesta, muchos proyectos todavía se detienen o ven mermada su rentabilidad por no contar con el asesoramiento adecuado en derecho administrativo sancionador y cumplimiento normativo sectorial. Las infracciones, aunque a menudo no intencionadas, pueden acarrear consecuencias catastróficas: en minería y derechos de agua, las sanciones económicas pueden superar el millón de euros, mientras que las infracciones medioambientales alcanzan hasta 2,4 millones de euros en los casos más severos. En promedio, la sanción en estos sectores se sitúa alrededor de los 300.000 euros.
Las implicaciones de incumplir van más allá de lo económico, pues las empresas también pueden enfrentarse a la paralización o cierre de sus operaciones, lo que dificulta la reorganización interna y la defensa de sus derechos en caso de litigos. Incluso un menor retraso en trámites administrativos, como la presentación fuera de plazo de un documento, podría acarrear pérdidas superiores a los 100.000 euros.
De acuerdo con los expertos, la mayor parte de las sanciones impuestas en estos sectores podrían haberse evitado mediante una adecuada prevención. En minería, por ejemplo, no llevar a cabo o actualizar planes de restauración o realizar vertidos no autorizados son infracciones comunes, mientras que en el sector energético, no notificar modificaciones en plantas fotovoltaicas puede concluir en significativas multas. Asimismo, operar sin la concesión adecuada en el sector de aguas podría resultar en cierres inmediatos y sanciones severas.
A tenor de esta realidad, muchas empresas están adoptando el asesoramiento jurídico continuo, formalizado a menudo en figuras como la iguala jurídica, lo cual les permite anticiparse a los riesgos normativos antes de que se traduzcan en multas. Este enfoque se centra en un profundo conocimiento de las empresas, la detección temprana de riesgos y un acompañamiento constante que se traduce en un ahorro considerable, puesto que evitar una sola sanción puede justificar años de inversión en prevención.
LHM Legal, un despacho especializado en derecho sancionador y gestión jurídica en sectores regulados, se ha consolidado como un referente en ese tipo de asesoramiento. La firma, dirigida por Leticia Hernández Méndez, ha desarrollado un enfoque particular de «abogacía de terreno» que va más allá de los expedientes administrativos y comprende la realidad operativa de sus clientes. Este método ayuda a identificar riesgos que podrían pasar desapercibidos y ofrecer así estrategias más efectivas.
Hernández enfatiza que la prevención jurídica no se trata únicamente de conocer la legislación, sino de entender los procesos y decisiones cotidianas del empresario. La conclusión es que la prevención jurídica representa una inversión no solo prudente, sino esencial para las empresas que desean operar sin imprevistos en un entorno regulado, convirtiéndose en una herramienta clave para asegurar la continuidad empresarial y proteger las inversiones a largo plazo.
