Un juez ha acusado al Gobierno de Donald Trump de desobedecer intencionadamente su fallo que ordenaba detener las deportaciones, lo que ha generado una controversia legal en el ámbito migratorio. La Casa Blanca ha respondido rápidamente al anuncio del juez, indicando su intención de apelar la decisión judicial, lo que sugiere una prolongada batalla legal sobre el alcance de las políticas migratorias de la administración Trump. Esta situación subraya las tensiones entre el poder judicial y el ejecutivo en torno a las medidas de inmigración implementadas por el gobierno.
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