En un reciente fallo judicial, dos propietarios han sido condenados a ocho meses de prisión por instalar una vivienda en un terreno clasificado como no urbanizable. Esta sentencia, emitida por el Juzgado de lo Penal de la localidad, ha causado sorpresa e inquietud en la comunidad, generando un debate intenso sobre las regulaciones urbanísticas y la preservación del medio ambiente.
Los acusados compraron el terreno con la intención de construir una residencia de verano. Sin embargo, un vecino, preocupado por la legalidad de la construcción, los denunció. Durante el juicio se demostró que los propietarios ignoraron las normativas locales que prohíben edificar en zonas no autorizadas para urbanización.
La fiscalía subrayó que sus acciones no solo infringían la ley, sino que también ponían en riesgo el entorno natural. Testigos afirmaron que la construcción alteró el ecosistema local, lo que fue determinante en el veredicto del tribunal. Además de la pena de prisión, los condenados deberán pagar multas económicas y enfrentarse a la demolición de la estructura levantada.
Los propietarios han manifestado su intención de apelar la sentencia, argumentando que desconocían las restricciones del terreno y solo buscaban disfrutar de un espacio familiar. Este caso ha reavivado el debate sobre la importancia de acatar las normativas urbanísticas y la necesidad de proteger los espacios naturales.
Mientras tanto, el ayuntamiento ha reiterado su compromiso con las leyes de urbanismo y la protección ambiental, lanzando campañas de concienciación para prevenir situaciones similares. La comunidad espera que este fallo no solo castigue a los infractores, sino que también sirva como disuasión para futuros proyectos de construcción ilegal.
