La reciente propuesta de la Unión Europea para reducir en un 66% los días de pesca en el Mediterráneo ha generado una considerable inquietud en España, donde el sector pesquero enfrenta un recorte aún más severo del 79%. Este drástico límite permitiría a los barcos españoles operar solo 27 días al año, reduciendo significativamente las capturas de especies rentables como la gamba roja, cigala y merluza. La medida ha sido recibida con una mezcla de indignación y preocupación, desencadenando fuertes reacciones tanto desde el gobierno como del sector afectado.
Luis Planas, ministro de Agricultura y Pesca de España, ha calificado la propuesta de “inaceptable” y “un disparate”, reflejando el sentir general de una industria que se ve amenazada. Javier Garat, representante de la Confederación Española de Pesca, describió la medida como “una barbaridad” que podría asestar un golpe mortal al sector. Ante la propuesta, España, junto a Francia e Italia, ha decidido articular una respuesta conjunta para renegociar las condiciones en la próxima reunión ministerial, donde se establecerán las cuotas para 2025.
La reducción en los días de faena impacta directamente a unos 556 barcos arrastreros en España y amenaza 3.000 empleos directos a bordo, además de otros 14.000 indirectos. Las comunidades que dependen de la pesca consideran la medida como una potencial sentencia de muerte para su sustento económico. En respuesta, el sector pesquero ha comenzado a movilizarse, manifestándose frente a la Comisión Europea en Madrid y planificando protestas adicionales en Bruselas. Los pescadores exigen una política más equilibrada que permita la conservación de los recursos marinos sin poner en riesgo su medio de vida.
La propuesta ha desencadenado un debate más amplio sobre cómo equilibrar la sostenibilidad ambiental con la viabilidad económica de las comunidades pesqueras. La decisión de Bruselas resalta la tensión entre la protección de los ecosistemas marinos y el impacto económico en la industria. Este enfrentamiento con los países mediterráneos será crucial para definir un modelo sostenible que no deje desamparadas a miles de familias. Mientras se espera una decisión final, el sector pesquero en España se enfrenta a un período de incertidumbre que podría definir su futuro inmediato.
