El Ministerio de Sanidad ha presentado un borrador de regulación que, según se indica, amenaza con desmantelar la medicina pública. Este proyecto transforma la atención a las necesidades del personal facultativo en un mero instrumento de gestión, donde las actividades laborales quedarían supeditadas a las «necesidades asistenciales» y a criterios de «flexibilidad», desdibujando el concepto de jornada laboral.
Los médicos no contarían con horarios definidos, sino que su jornada podría extenderse entre las 7:00 y las 22:00 horas. La dirección del centro tendría la potestad de establecer la jornada cotidiana sin limitaciones ni compensaciones, generando incertidumbre y desgaste laboral. La separación entre jornada ordinaria y guardias se plantea, pero resulta ambigua, permitiendo que las guardias continúen siendo una extensión forzada de la jornada ordinaria y que se mantengan jornadas de hasta 60-70 horas semanales.
La regulación sobre las guardias también plantea problemas, pues la dirección podrá determinar la duración y horarios de las mismas sin restricciones claras. Aunque se mencionan descansos previos y posteriores, la falta de precisión en las normas podría utilizarse para eliminar estas garantías. Además, se encuentran limitaciones en lo que respecta a las guardias localizadas, que, al no ser consideradas tiempo efectivo de trabajo, podrían imponerse sin límite.
El documento sujeta el mínimo periodo de descanso de 12 horas entre jornadas a «consideraciones organizativas», lo que podría permitir la eliminación de este derecho. Curiosamente, el mismo Ministerio que no asegura el descanso de sus facultativos exige estas condiciones a quienes ejercen fuera del sistema público. El descanso semanal sigue fijado en 36 horas, acumulables en 72 horas cada 14 días.
El borrador también contempla la posibilidad de suspender los derechos laborales de los facultativos no solo en situaciones de riesgo para la salud pública, sino también ante cualquier circunstancia que impida «mantener la asistencia sanitaria» debido a falta de recursos, una situación cada vez más común en los centros públicos.
Además, y aunque se mencionan horas de trabajo adicionales bajo el consentimiento del médico, estas situaciones podrían derivar en presiones indebidas. A pesar de mencionarse informes sobre sobrecarga laboral, queda la duda de su implementación y el cumplimiento de medidas efectivas para proteger la salud de los profesionales.
En suma, el proyecto pone de manifiesto una forma de regulación que compromete los derechos laborales de quienes integran el sistema público sanitario, buscando resolver problemas estructurales mediante recortes que solo fomentarán la migración de facultativos hacia el sector privado.
Reclamar un Estatuto Propio para la Profesión Médica se vuelve cada vez más urgente, demandando la equilibrada protección de los derechos laborales, el establecimiento de una jornada ordinaria clara y una compensación justa para las actividades programadas o urgentes. La situación actual podría derivar en un conflicto laboral significativo si el Ministerio no asume su responsabilidad en la defensa de los derechos de los facultativos.
Desde el Sindicato Médico Andaluz y la Confederación Española de Sindicatos Médicos, se invita a los profesionales a unirse a la huelga programada para el 13 de junio, en defensa de sus derechos fundamentales y la calidad de un sistema sanitario que debería ser prioritario.
Fuente: Sindicato Médico Andaluz.
