El gobierno mexicano enfrenta críticas por una propuesta de reforma a la Ley de Amparo que podría considerarse regresiva en términos de derechos humanos. La reforma, impulsada por la mayoría del Senado, exige que para probar el interés legítimo se demuestre una lesión jurídica clara y diferenciada, lo que algunos ven como una barrera elevada para acceder a la protección constitucional. Comparada con criterios previos de la Suprema Corte, que permitían una mayor amplitud para expresar agravios, esta propuesta podría limitar la defensa de los derechos fundamentales al imponer más requisitos desde el inicio del proceso judicial.
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Propuesta Innovadora para Optimizar el Uso del Juicio de Amparo: Reflexiones para un Sistema Judicial Eficiente
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