La ocupación ilegal de viviendas preocupa significativamente a los ciudadanos de Baleares, incidiendo en familias y comunidades. Frente a esta realidad, el Partido Popular ha presentado una Proposición de Ley en el Parlament para enfrentar el problema, proponiendo medidas como el desalojo en 24 horas y el refuerzo de penas por usurpación. Aunque la iniciativa fue aprobada en el Senado, está bloqueada en el Congreso por Francina Armengol, manteniendo en desprotección a muchos propietarios. En 2024, España registró más de 16.400 denuncias por ocupación, 514 de ellas en Baleares, un 27% más que el año anterior. El PP busca proteger el esfuerzo de años de trabajo de las familias y la propiedad privada, instando a que las instituciones respondan a esta problemática.
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