En el Congreso de los Estados Unidos, la presentación del proyecto de ley STOP CSAM Act de 2025 ha generado un intenso debate sobre la seguridad en Internet y la libertad de expresión. Este proyecto, S. 1829, pretende combatir la difusión de material de abuso sexual infantil en línea, una cuestión que ya está regulada por leyes actuales. Sin embargo, expertos en derechos digitales, como la Electronic Frontier Foundation (EFF), han expresado su preocupación por las implicaciones más amplias de la propuesta.
El proyecto de ley busca ampliar las responsabilidades de las empresas de Internet en la eliminación de contenido, incluyendo servicios que utilizan encriptación de extremo a extremo. Según la EFF, esto podría obligar a las plataformas a eliminar contenido legítimo y afectar negativamente la seguridad de los usuarios al comprometer la privacidad de las comunicaciones.
S. 1829 introduce sanciones para cualquier servicio que almacene o facilite material de abuso infantil, utilizando términos lo suficientemente vagos como para que las plataformas, incluso sin conocimiento del contenido, puedan enfrentar consecuencias legales. Esta amplia interpretación podría impactar a aplicaciones de mensajería, redes sociales y servicios de almacenamiento en la nube.
A pesar de ofrecer una defensa afirmativa para plataformas que no pueden eliminar contenido sin comprometer la encriptación, la carga financiera y los riesgos legales de los litigios podrían ser desalentadores para las nuevas empresas tecnológicas. Esto amenaza no solo la innovación, sino también la competencia justa en un mercado dominado por gigantes digitales.
Además, la propuesta plantea modificar la Sección 230 de la ley de comunicaciones, que protege a las plataformas de ser responsables por el contenido generado por usuarios. Al eliminar estas protecciones, las plataformas podrían volverse más restrictivas y optar por censurar contenidos para evitar litigios, lo que afecta directamente la libertad de expresión.
Las voces críticas, encabezadas por la EFF, están haciendo un llamado urgente para que los legisladores reconsideren este enfoque que, en su afán por proteger a los niños, podría alterar profundamente las dinámicas de comunicación y seguridad en la era digital. La discusión legislativa sigue abierta, mientras los defensores de los derechos digitales continúan haciendo presión para adaptar la legislación a los principios de libertad y seguridad en Internet.
