En los últimos tiempos, varios organismos federales en los Estados Unidos, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Aduana y Protección Fronteriza (CBP), han sido acusados de actuar fuera del marco legal, generando preocupación sobre la violencia desmedida y las violaciones de derechos digitales que ocurren, particularmente en Minnesota. Este clima tenso se ha intensificado debido a la muerte de Alex Pretti, quien fue asesinado mientras registraba las acciones de los agentes de ICE. Los videos que capturan este y otros eventos han sido cruciales para desafiar las versiones oficiales.
El derecho de los ciudadanos a grabar a la policía, amparado por la Primera Enmienda, ha sido obstaculizado en múltiples ocasiones, lo que ha subrayado la necesidad de establecer un marco legal claro que proteja estos derechos. La deficiencia del sistema legal actual reside en la dificultad de poder demandar a agentes federales que violen la Constitución de EE. UU., lo que compromete la rendición de cuentas y el cumplimiento de la ley.
Históricamente, en 1871, se implementó una legislación para permitir a los ciudadanos demandar a funcionarios estatales y locales por violaciones a los derechos constitucionales, como respuesta a los excesos de violencia estatal tras la Guerra Civil, particularmente contra la población afroamericana. Sin embargo, no existe una ley equivalente que abarque a los funcionarios federales. El caso del Tribunal Supremo en 1971, conocido como «Bivens v. Six Unknown FBI Agents», llenó en parte este vacío para las violaciones de la Cuarta Enmienda, pero la capacidad para demandar se ha visto restringida en tiempos recientes.
Ante esta situación, se ha impulsado la necesidad de una intervención legislativa más firme. Diversas jurisdicciones, entre ellas California con su propuesta S.B. 747, han iniciado procesos legislativos para otorgar a los ciudadanos el derecho de demandar a funcionarios federales por violaciones constitucionales. Estas iniciativas son percibidas como medidas esenciales para salvaguardar el estado de derecho y permitir que los ciudadanos defiendan sus derechos fundamentales frente a posibles abusos federales.
El senador Scott Wiener de California ha denominado a este proyecto de ley como la «Ley de No Reyes», enfatizando la importancia de limitar el poder gubernamental y proteger las libertades civiles. La aprobación y aplicación de leyes como la S.B. 747 podrían desempeñar un papel fundamental en la restauración de la confianza en las instituciones, asegurando que todos los ciudadanos tengan acceso equitativo a la justicia. Con el respaldo de multitud de organizaciones, estas medidas se presentan como pasos decisivos para reforzar los derechos y garantizar la rendición de cuentas dentro del sistema federal.
